Comentarios sobre mejoras pendientes del Derecho y el sistema de justicia

El sistema de justicia aún tiene importantes problemas que menoscaban el cumplimiento de su importante cometido, en parte porque a día de hoy el sistema jurídico es todavía bastante conservador y reacio al cambio, con un marco conceptual, organizativo y funcional que permanece anclado en gran parte a tiempos pasados. A continuación, algunas comentarios sobre aquello que considero mejoras pendientes del Derecho y el sistema de justicia:
  • La justicia, como servicio público fundamental, debe ser gratuita, como lo son sus equivalentes sanidad y educación. Justificación: El servicio público de justicia es la garantía del respeto y cumplimiento de los derechos y libertades de las personas, por lo que no debería existir ninguna barrera o factor (como el económico) que afecte a su acceso, calidad o eficacia.
  • La justicia debe ser ágil: las sentencias no deben demorarse años. El sistema de justicia debe aprovechar las posibilidades y herramientas ofrecidas por las tecnologías de la información.
  • El conjunto normativo legal debe ser reorganizado y condensado para hacer su empleo fácil y eficiente, y es fundamental establecer facilidades para su cumplimiento. Justificación: Para muchas cuestiones existe una maraña de normativa legal tan compleja y densa que contituye un obstáculo para la eficacia de la justicia. Por ejemplo, el derecho fiscal es actualmente muy complejo, lo que puede ocasionar su incumplimiento de forma no intencionada, y permite realizar elaborados fraudes y triquiñuelas que corrompen el sistema. Resulta de gran valor ofrecer facilidades para realizar de forma correcta y fácil el cumplimiento de las obligaciones fiscales, como la declaración de la renta.
  • Los textos normativos y judiciales deben ser precisos y fácilmente comprensibles para la población en general. Justificación: De forma similar a lo expuesto en el primer punto, puesto que la justicia es un servicio público fundamental, deben eliminarse los obstáculos y dificultades para su ejercicio eficaz.
  • Subordinación del derecho a la privacidad e inviolabilidad del domicilio a la garantización del resto de derechos fundamentales (que deben prevalecer en caso de conflicto). Justificación: Numerosos delitos graves, p. ej. los delitos contra la integridad física y psíquica de personas (maltrato físico y/o psíquico, amenazas y acosos,...) tienen lugar en el interior del domicilio u otros ámbitos (p. ej. lavabos públicos) amparados por el "derecho a la privacidad e inviolabilidad del domicilio" y quedan frecuentemente impunes al rechazarse como pruebas en juicios las grabaciones de audio o vídeo. El argumento de la privacidad también se usa para obstaculizar las investigaciones y revelaciones de acciones ilegales y vulneraciones de derechos humanos, pero esa información debe ser accesible (con garantías de privacidad personal) porque es necesario que esos sucesos sean conocidos y no ocultados para evitar que se produzcan y someter a la justicia las cometidas.
  • Cumplimiento estricto del principio fundamental de "igualdad de todas las personas ante la justicia", eliminando todo tipo de discriminación o diferenciación: no a sistemas jurídicos especiales como el Derecho Militar o Castrense (y arcaísmos como el servicio militar obligatorio), no a los privilegios legales de las "fuerzas de la autoridad" como policías y militares (trato privilegiado en los procedimientos legales, con modificación a su favor de las sanciones y penas), no a privilegios como los disfrutados por los políticos (aforado), eliminación del indulto, y supresión de la prescripción (o en su defecto escrupulosa revisión de los plazos temporales). Ligado a esto, algunas deficiencias de la actual justicia son los abusos del "principio de veracidad" de las "fuerzas de la autoridad" que llega a primar sobre pruebas de carácter objetivo (y la frecuente no aplicación del Protocolo de Estambul contra la tortura), y la imposición legal (en algunos países como España) de los costosos y carentes de justificación "registrador de la propiedad" y "procurador de los tribunales" (atavismo que parte de dos asunciones que hieren la inteligencia: considerar a la población como analfabeta y deficiente, y considerar a los abogados como personas de alto nivel social que además de disfrutar de un elevado sueldo[1] merecen por ley ayudantes al mismo nivel para acomodarles su trabajo gestionando el papeleo – afortunadamente parece que va a desaparecer en breve: ver noticia y comentarios). Una cuestión adicional es rechazar el asociacionismo forzoso: la imposición legal de unirte obligatoriamente a una asociación concreta, caso de España con la "colegiación" obligatoria que impone tener que asociarte a una asociación particular llamada "colegio" para poder trabajar de aquella profesión que estudiaste siguiendo el plan de estudios oficialmente establecido, superaste todos los exámenes y conseguiste un título oficial que acredita tener los conocimientos necesarios para poder ejercer esa profesión – asociacionismo forzoso agravado por el hecho de que los "colegios" tienen por ley la representación exclusiva de la profesión (es ilegal constituir asociaciones profesionales alternativas al tener el "colegio" legalmente el monopolio exclusivo) y asume funciones (como el "turno de oficio") y poderes (como el sancionador) sobre sus asociados forzosos que legítimamente le corresponde desempeñar solo a organismos públicos (legislativo, ejecutivo-administrativo o judicial) del Estado.
  • Las sanciones económicas no deben fijarse como un intervalo numérico de posibles cuantías sino de forma proporcional (como intervalo de porcentajes) al patrimonio e ingresos de las personas. Actualmente esto es posible debido a que en casi todos los países existe un servicio o agencia oficial de administración tributaria que dispone de los datos económicos necesarios para llevarlo a cabo. Justificación: A escala "doméstica" un ejemplo podría ser las multas de tráfico: la misma cuantía puede suponer un grave perjuicio económico y ocasionar problemas personales a alguien con escasos recursos monetarios, y ser insignificante (y por tanto, carente de valor disciplinario) para una persona con bastante dinero. A otro nivel, los graves casos de grandes empresas responsables de una importante contaminación de su entorno con severas consecuencias sobre la salud de los habitantes de la región y el patrimonio natural (por seleccionar un solo ejemplo: Chevron en Ecuador) y que, si llegan a ser juzgadas por ello, la condena final es una sanción ridículamente baja (aún cuando llega a ser de cuantía elevada, esta es insignificante en proporción a las cifras monetarias con las que trabaja la empresa).
  • Debe hacerse equivalente el término jurídico "persona física" a persona (a secas) y desaparecer el concepto "persona jurídica" por tratarse de una perversa tergiversación legal. Son las personas (las personas humanas, reales, físicas) las que cometen los delitos – las llamadas "personas jurídicas" son figuras imaginarias, fictícias: son las personas que hay detrás de sus nombres las que realmente delinquen. Por tanto, por las infracciones y delitos cometidos por empresas y organizaciones (las mal llamadas "personas jurídicas") han de responder las personas responsables de la toma de decisiones y las que conscientemente realizaron o permitieron que tuvieran lugar. Justificación: Es habitual declarar judicialmente "responsable" de los delitos a la empresa como "persona jurídica" y que marchen libremente las personas que se lucraron que así pueden disfrutar además de los beneficios económicos derivados de sus acciones contra el interés general. Es el caso de los directivos de bancos y entidades financieras responsables de la actual crisis con graves repercusiones sociales, que se han librado de responder por sus acciones ante la justicia y no han sido condenados al nivel de las consecuencias de sus anti-éticas decisiones.
  • Cualquier persona con capacidad de ser consciente de las consecuencias de sus actos ha de responder por ellos. Esta capacidad es alcanzada a una edad diferente según la persona, la "mayoría de edad" legal es una cifra arbitraria que no debería usarse para dirimir ciegamente esta cuestión (debería sustituirse por el correspondiente estudio psicológico de cada caso concreto) y que tal como suele emplearse únicamente sirve para que jóvenes que delinquen siendo perfectamente conscientes de sus actos, se sientan amparados por un sistema sancionador privilegiado. Justificación: Algunos ejemplos son 1, 2, 3, 4, 5, 6.
  • La finalidad de las penas es lograr que la persona recapacite sobre sus actos, se arrepienta de ellos y fundamentalmente no vuelva a cometerlos. Por ello, la duración de cada pena debería estar establecida por el logro de este objetivo, no tiene sentido fijar a priori (en la sentencia o en las leyes) el número de años que va a necesitar cada persona, sino que debe ser el seguimiento estricto y riguroso por psicólogos la forma de establecerlo. Por otra parte, hay que dejar de ser ilusos, y ante asesinos psicópatas / sociópatas (crímenes como el de Vallobín o Utoya, además de algunos de los comentados en el punto anterior), organizaciones de asesinato o extorsión violenta (como la mafia italiana, las mafias latinoamericanas como cárteles y maras, las guerrillas las tríadas chinas o la yakuza japonesa) y otros casos graves que supongan un gran peligro para las personas que le rodean, no ha de ser rechazada la pena de muerte (indolora y demás garantías).



[1] Actualmente entre los abogados, como en cualquier otra profesión, solo los jefes y altos cargos disfrutan de elevados sueldos mientras que los trabajadores asalariados sufren de bajos sueldos y elevadas cargas de horas de trabajo.