La realidad fabricada 3: sin derechos en el Estado de Derecho

El título juega con el doble significado de la palabra "derecho". El primero hace referencia a los derechos inherentes, inalienables y universales de todas las personas sin discriminación alguna admisible, "todos los Estados[1] [han] de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, así como la observancia y protección de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a los derechos humanos y el derecho internacional" (Declaración de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993 [2]). El "Derecho" al que alude el término "Estado de Derecho"[1] no se refiere a estos derechos sino al Derecho, esto es, el conjunto de leyes y normas asociadas que regula la vida de las personas. Y es que vivir en un "Estado de Derecho" no implica que se respeten los derechos humanos, sino que se hacen respetar (al menos en teoría) las leyes, leyes que idealmente deberían estar inspiradas por los derechos humanos, pero no tienen por qué estarlo (al ser elaboradas habitualmente por los políticos en consonancia con los poderes económicos y religiosos, suelen proteger ante todo los intereses y las posturas ideológicas de éstos, y solo secundariamente los de la población en general). La segunda parte de la cuestión del "Estado de Derecho" es que pueden existir las leyes que defiendan los derechos humanos pero que la corrupción política, policial y judicial hace que no se cumplan en función de los intereses de la oligocracia, religiocracia o plutocracia gobernante[3].

De corrupción política hablaremos poco aquí, pues hay muchos casos ampliamente conocidos en cada región y todos los días en las portadas de los diarios o periódicos siempre hay alguno. Además de los estrechos vínculos que suelen tener los políticos con las grandes empresas y fortunas (y en algunas regiones del planeta, con actividades económicas ilegales como el tráfico de drogas o de personas), que les llevan a defender los intereses económicos de éstas sobre los de la población a la que en teoría deberían servir (corrupción que es explícitamente legal en Estados Unidos y algo parecido en la Unión Europea, además de otros sistemas como las "puertas giratorias"[4]), entre otros privilegios se autoasignan elevados sueldos, pensiones vitalicias y seguros sanitarios privados al mismo tiempo que hablan de austeridad y recortes de salarios, pensiones y sanidad pública, se blindan legalmente (aforado) ante la posibilidad de ser juzgados por algún delito, y ocupan los distintos cargos y puestos en función de vínculos personales y de partido aunque carezcan de la preparación profesional o académica específica que demandaría cada uno (véase p. ej. sanidad, educación o medio ambiente), además de destinar grandes cantidades de dinero público a sus partidos políticos (p. ej. mediante las millonarias subvenciones para publicidad electoral). En el caso de países con monarquía (vestigios de antiguas dictaduras), como España, sobre el rey y su familia no añadiremos más a lo ya dicho por otros, ya que criticarlo puede llegar a considerarse delito penal (se llama "injurias a la Corona"). En lo que respecta a los países confesionales, la existencia de dirigentes religiosos con poder para imponer a la población recortes en derechos, libertades y oportunidades en función de los preceptos que ellos interpretan emanan de los textos religiosos que ellos consideran de referencia, supone una brutal vulneración de los derechos humanos (p. ej.).

La vulneración de derechos está ampliamente extendida y es frecuente a nivel mundial (p. ej. en temas de recursos naturales: 1, 2, 3). A modo de ejemplo concreto, solo en España en los primeros meses de 2012, además de lo sucedido durante la huelga general del 29 de marzo (y como se gestionó en medios como la web social Facebook señalada por diferentes autores como "la máquina de espionaje más horrorosa jamás inventada": 4, 5, 6, 7), hemos podido ver cómo las manifestaciones estudiantiles por los recortes en educación pública en Valencia fueron reprimidas por la policía antidisturbios con una brutalidad y violencia totalmente fuera de lugar (ver por ejemplo este vídeo y este otro), como denuncia entre otros Amnistía Internacional [5]. ¿La respuesta del gobierno? En palabras del Ministro de Interior, ningún policía será expedientado por su actuación contra los estudiantes valencianos, que calificó de "adecuada", y llamó "encomiable" el comportamiento de los agentes. No mucho después el mismo Ministro anunció, en unas declaraciones en las que ataca directamente a los que él llama "los antisistema" y los iguala a "violentos", una reforma del Código Penal por la que se decretará prisión provisional y se condenerá a un mínimo de dos años de carcel a las personas que la policía señale como participantes de actos de vandalismo callejero e incluso aquellas que hagan uso de la resistencia pacífica o pasiva (acercando peligrosamente la posibilidad de que se aplique directamente la ley antiterrorista[6])[7]. Si tenemos en cuenta la animadversión expresado en lamentablemente múltiples ocasiones por miembros de la policía contra los activistas e integrantes de los movimientos críticos o inconformistas con el sistema económico-político-social[8], esta reforma dará pie a que las personas que se expresan contra los abusos del orden económico y político (críticas que hasta han dado lugar a una serie de documentales de la televisión pública española) tengan que cuestionarse si seguir defendiendo los derechos de las personas a riesgo de cárcel o autocensurarse. ¿Censura? ¿Pero no había libertad de expresión? Es que en un sistema plutocrático que se hace llamar democrático hay formas de privar de la libertad de expresión alternativas a una prohibición explícita. (Aunque tampoco faltan flagrantes constricciones de libertades como la oleada de "normas cívicas" municipales en muchas ciudades españolas, p. ej. Valladolid) [9].

Luchar en contra de la corrupción política, policial y judicial para lograr justicia es duro, pero necesario. A todas las personas involucradas en estos temas: ánimo y suerte.

 

 

[1] Sobre el embrollo terminológico en torno a la palabra "estado", véase esta nota aclaratoria.

 

[2] En el presente texto usaremos la expresión "derechos humanos" por ser la habitualmente utilizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, es necesario indicar que debe usarse la expresión "derechos de las personas" en lugar de "derechos humanos" porque es más concreta al señalar inequívocamente que quienes tienen esos derechos son las personas y no cualquier cosa humana (una uña, un pelo, un diente o un tumor humano no tienen derechos humanos).

 

[3] La vulneración de derechos y libertades puede tener lugar a cualquier nivel de organización social, siempre que exista un grupo de personas (pareja, amigos, familia, trabajo,...) si uno de sus miembros aprovecha o genera una situación de desigualdad de poder entre sus integrantes y la usa para adoptar un rol de mandatario o dirigente e imponer su voluntad y opinión por encima de las libertades de los demás miembros del grupo.

 

[4] Se denomina "puertas giratorias" al hecho de que personas que ocupan altos cargos públicos (como ministros) antes y/o después de ocupar esa posición ocupen altos cargos (directivos o "asesores") en grandes empresas con intereses afectados por las decisiones y actuaciones de ese cargo público, obviamente creando un conflicto de intereses y vulnerando la independencia de su actuación como delegado público, pero esta situación es prácticamente legal en todos los países del planeta. Derivado de esta connivencia de intereses privados entre cargos públicos y grandes empresas se producen diferentes fenómenos, p. ej. los ampliamente extendidos "sobrecostes" de los contratos públicos (como grandes obras de infraestructuras) otorgados a grandes empresas privadas, que existen debido a la escandalosa inexistencia de medidas legales que impidan que el dinero total que se paga finalmente a las grandes empresas adjudicatarias o concesionarias sea muy superior al dinero oficialmente acordado en el momento de la adjudicación o concesión (8, 9). Otro ejemplo son los contratos públicos con indemnizaciones millonarias a la empresa adjudicataria o concesionaria aun cuando los errores cometidos sean culpa de la empresa (10, 11).

 

[5] Es muy importante rechazar de pleno el uso de la violencia (solo justificable como forma de defensa ante una agresión –i. e. acto dirigido a matar o herir física o psicológicamente a personas o dañar sus bienes– y limitada al nivel que esa agresión supone) y evitar caer en la fácil justificación de su uso que se tiende a hacer con cierta frecuencia.

 

[6] La expresión "terrorista" y "terrorismo" se ha desvirtuado actualmente y es usada de forma generalizada como herramienta de "guerra del lenguaje" como excusa para justificar graves violaciones de los derechos humanos, especialmente para criminalizar, perseguir y atacar a los movimientos críticos con el sistema económico-político-social. Terrorismo es realizar o amenazar con realizar asesinatos o graves agresiones físicas o psicológicas a personas o a sus bienes. Una manifestación o una acción de protesta no violenta (siempre que no promueva, honre o alabe la no igualdad de derechos y oportunidades o el realizar o amenazar con realizar asesinatos o graves agresiones físicas o psicológicas a personas o a sus bienes) es simple ejercicio de derechos, por contra poner (o amenazar con poner) un artefacto explosivo en un lugar público, provocar (o amenazar con provocar) intencionadamente incendios que ocasionan la destrucción de las pertenencias o la muerte de personas, o atacar (o amenazar con atacar) a las personas de una determinada etnia o nacionalidad es terrorismo.

 

[7] Adicionalmente, frente a la creciente oposición de estudiantes y profesores en respuesta a los recortes en educación (además de en sanidad y otros servicios sociales), el gobierno ha manifestado que pretende prohibir hacer huelga a toda la población menor de 18 años.

 

[8] Remito a las denuncias de personas activas dentro del "15 M" y otros colectivos y movimientos sociales en muchas localidades españolas, que más allá de las numerosas cargas policiales contra manifestaciones, protestas y huelgas laborales, señalan haber sufrido en ocasiones violentas detenciones ilegales e incluso casos de agresiones policiales inesperadas cuando iban solos por la calle durante la noche o estaban en un bar con unos amigos. Lo denunciado son casos graves de violencia policial y abuso de poder, amparados y respaldados gracias a la protección legal (otorgada por los políticos) de la que gozan los miembros de la institución (si alguien te agrede fácilmente todo se quedará en una simple sanción económica de poca cuantía, sin embargo si te defiendes físicamente de un policía lo más probable es que vayas varios años a la cárcel por "atentado contra la autoridad" mientras que a la inversa a él no le ocurrirá nada), que da pie a artimañas de "juego sucio" como infiltrar policías dentro de las manifestaciones para causar destrozos y provocar enfrentamientos violentos con el objetivo de criminalizar el movimiento ante la opinión pública, como se señala ha sucedido tanto en la huelga general en Barcelona como en las manifestaciones estudiantiles de Valencia (12, 13) antes comentados. De hecho, en respuesta a la creciente crítica social que se está generando a raíz de la proliferación de vídeos que cuestionan el papel de los policías en las manifestaciones (además de los anteriormente señalados, también 14) y el informe en el que Amnistía Internacional se hace eco de esas situaciones, el gobierno ha prohibido por ley fotografiar o grabar a la policía [7], facilitando que queden impunes las actuaciones de policías violentos o que abusan de su posición (p. ej.).

Algunos de estos casos de vulneraciones de derechos humanos por miembros de la policía y militares son recogidos en los infórmenes de Amnistía Internacional (otros países aquí) que alertan de la gravedad de la impunidad efectiva de los agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos en España, con casos como los del 4F de Barcelona. Casos que si no son justamente solucionados es por la complicidad o connivencia de corrupción policial, judicial y política (falta voluntad y sobra compadraje como para querer establecer mecanismos que permitan evitarlo).

 

[9] A mediados de noviembre de 2013 se presentó ya un primer anteproyecto de la "Ley de Seguridad Ciudadana", que recorta los derechos humanos y especialmente las vías para reclamar su cumplimiento, mediante sanciones económicas exageradamente elevadas que serán impuestas por el propio poder ejecutivo y no el poder judicial, p. ej. se consideran infracciones muy graves con multas de hasta 600.000 euros el fotografiar o grabar policías, insultar u ofender a los símbolos nacionalistas y estatales, y las concentraciones no legalizadas (o participar en su difusión) ante parlamentos, juzgados o en infraestructuras, e infracciones graves con multas de hasta 30.000 euros el insultar a policías, además de permitir a la policía llevarse el DNI de personas (un segundo anteproyecto además otorga facultades de policía a los trabajadores de empresas de seguridad privada). Son muchas las personas y organizaciones que se han mostrado en contra, desde Reporteros sin Fronteras a asociaciones de jueces. Finalmente, la Ley Orgánica 4/2015 de "seguridad ciudadana", popularmente llamada "Ley Mordaza", se publicó el miércoles 1 de julio de 2015 (acompañada de la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, y la Ley Orgánica 2/2015 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal en materia de delitos de terrorismo) cargada de los recortes y vulneraciones de derechos ya anunciados (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), generando una fuerte respuesta en contra por parte de la ONU, jueces, abogados, periodistas, periódicos y hasta actores.

Esta ley española no es un caso aislado sino que hay más casos de países en los que los gobiernos están respondiendo de esa forma a las grandes manifestaciones sociales que buscaban forzar cambios a favor de una mayor democracia.

 

 

PD: Resulta interesante conocer tus derechos ante la actuación policial (22, 23, 24).