Privacidad, seguridad de la información personal, transparencia, derechos de las personas, impuestos y servicios públicos

Los evidentes intentos de muchos políticos gobernantes y las grandes empresas que los apoyan para perpetuar un sistema económico anti-social hecho por y para los ricos, están provocando una gran desafección y desconfianza de la población hacia los estados y los organismos públicos (que son mantenidos fundamentalmente mediante los impuestos o tributos). Adicionalmente, la creciente presencia en nuestras vidas de las redes informáticas y la masiva utilización de nuestra información personal vulnerando la privacidad o confidencialidad para su explotación comercial por las empresas suministradoras de servicios (especialmente redes sociales virtuales privativas como Facebook / WhatsApp, pero también buscadores, correos electrónicos,...), está generando una creciente conciencia sobre estas prácticas anti-éticas y contrarias a los derechos de las personas. Esta situación está provocando que un número creciente de personas apoyen las posturas contrarias a la existencia de estados y cualquier tipo de organización social global o integral (liberalismo, privatismo, anarquismo) que promueven que todas las interacciones y relaciones entre personas sean de carácter totalmente privado sin ("libres" de) ningún marco de condiciones (legales, normativas,...) y para lograrlo fomentan la creación y extensión de medios al margen o fuera de cualquier regulación sea estatal, legal, normativa o las condiciones de uso de un servicio privativo, medios entre los cuales pueden listarse redes informáticas anónimas opacas / negras ("Deep Web" / "DarkNet": I2P, P2P - Freenet, Tor, ZeroNet,...) y criptomonedas / criptodivisas (como Bitcoin, DigitalCash, Ethereum, Litecoin, Monero y Ripple).

Analicemos en detalle lo comentado:

1) Sí o no a la existencia de estados: La finalidad de los estados modernos es fomentar el bienestar general de las personas, mediante la garantización de la adecuada satisfacción de las necesidades (alimentación, refugio, salud, educación, respeto de los derechos humanos, seguridad,...) al margen de intereses particulares (políticos, económicos,...), de acuerdo a los derechos humanos, sin olvidar el valor intrínseco y consecuente derecho de existencia y preservación de la naturaleza. Todos los estados actuales tienen deficiencias (que deben ser criticadas) en el cumplimiento de su función y son mejorables en grado variable entre "bastante" y "mucho", aunque repasando su evolución a lo largo de la historia humana hay razones para ser optimistas y ser previsible que la próxima generación humana logre ver estados aceptablemente buenos en el cumplimiento de su función. La organización de las redes de servicios públicos para la satisfacción de las necesidades humanas requiere de la existencia de una organización social global o integral, i. e. la existencia de un estado. Sí o no a la existencia de estados como organización social global o integral destinada a la satisfacción de las necesidades humanas, equivale a sí o no a los servicios públicos. La alternativa es la satisfacción de las necesidades humanas mediante servicios privados (sin organismo público que regule o supervise su cumplimiento de satisfacer las necesidades de las personas respetando los derechos humanos). La realidad demuestra que los servicios públicos son de mejor calidad que los servicios privados, al emplear (como es deseable en servicios de esta naturaleza) criterios de interés social general en lugar de criterios puramente de lucro monetario privado (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a/7bis, 8a/8bis).

2) Sí o no a los impuestos: La respuesta a esta cuestión está determinada por la anterior. Sí o no a los impuestos es igual a sí o no a los servicios públicos. Si queremos redes de servicios públicos es necesario costearlas o sostenerlas mediante los impuestos que solidariamente pagamos las personas. Sin el dinero de los impuestos no pueden existir redes de servicios públicos, solo redes privadas rebajando la solidaridad a algo que quien quiera puede hacer cuando le apetezca (lo que supondría retroceder de los actuales "estados de bienestar" a los antiguos "estados de caridad o de beneficencia" privada en los cuales la satisfacción de las necesidades humanas era bastante peor y se carecía de justicia pública –la ayuda a los necesitados era realizada por organizaciones privadas y por tanto de participación voluntaria lo que impide que puedan tener poder de imponer justicia ante las vulneraciones de derechos humanos, por otra parte los actuales sistemas de justicia privada y arbitrajes demuestran que no defienden el interés público general, ver p. ej. 9, 10). Y ante la reclamación sin fin de "bajada de impuestos" de quienes defienden posturas políticas de derechas[1] y la extendida evasión de impuestos (la mayor parte de la población critica acertadamente la evasión de impuestos por las grandes fortunas, pero es necesario hacer autocrítica porque muchas personas evaden impuestos cotidianamente mediante comisiones, propinas, "pagos en negro" y facturas no declaradas ante la Hacienda pública), hay que considerar que si bien puede existir cierto margen de mejora de la eficiencia de los diferentes servicios públicos, bajadas significativas de impuestos implican necesariamente reducciones significativas de los servicios prestados: cuando se logra una reducción de impuestos o se ahorra un poco de dinero mediante un "pago en negro" o una factura no declarada, la persona debe ser consciente de que está minando los servicios públicos.

3) Sí o no a servicios informáticos privativos: Existen alternativas de informática libre que permiten rechazar los anti-éticos servicios privativos.

4) Privacidad versus transparencia: Como ilustra las revelaciones de información privada realizadas por WikiLeaks (entre otros) y las numerosas actuaciones de la justicia pública logradas gracias al acceso a información privada personal como llamadas telefónicas, la información, incluida la "delicada" o "sensible", debe ser accesible (por razones de interés público general y con garantías de privacidad personal) porque es necesario que las actuaciones antiéticas y vulneraciones de derechos humanos sean conocidas y no ocultadas para evitar que se produzcan y someter a la justicia las cometidas. La transparencia es una herramienta imprescindible. Aunque sea frecuente en aquellos grupos hackers[2] de ideología liberal / anarquista, es éticamente incoherente que aplaudamos las revelaciones de información privada de políticos, cargos públicos y directivos de empresas que muestran acciones antiéticas y vulneraciones de derechos humanos y critiquemos a los evidenciados cuando se quejan e intentan hacer uso del argumento de la privacidad, pero nos quejemos y hagamos uso del argumento de la privacidad cuando nos investiguen por posibles acciones antiéticas y vulneraciones de derechos humanos, porque si pedimos el cumplimiento estricto del principio fundamental de "igualdad de todas las personas ante la justicia" ante los privilegios que intentan asignarse políticos, empresarios y grandes fortunas, esa "igualdad de todas las personas" también incluye a nosotros mismos. Esto no significa que las herramientas hacker de seguridad y privacidad sean malas por definición, pero sí es necesario plantearse al desarrollarlas los usos éticamente maliciosos que pueden permitir y no irresponsablemente "cerrar los ojos" ante la realidad. Estas herramientas son éticamente buenas cuando permiten dar a conocer públicamente acciones antiéticas y vulneraciones de derechos humanos preservando el necesario anonimato y seguridad del revelador (en inglés "whistleblower"), denunciar casos de violencia policial contra los activistas e integrantes de los movimientos críticos o inconformistas con el sistema económico-político-social, sortear los bloqueos al libre acceso a la información y al conocimiento (excepto que ponga en riesgo derechos humanos), o preservar la información personal de su explotación comercial o su utilización a favor de los intereses privados de oligocracias o plutocracias (como numerosos casos desvelados por WikiLeaks), pero son éticamente malas cuando su opacidad / oscurantismo, anonimato y ausencia de regulación normativa son usadas para fines que vulneran los derechos humanos como propagar ideas y mensajes contrarios a los derechos humanos (racistas, sexistas,...), organizar acciones violentas, terroristas, secuestros y asesinatos, o comercios anti-éticos como "minerales de sangre" (diamantes, oro, cobalto, estaño, tantalio, tungsteno / wolframio,...), medicamentos falsos, órganos humanos, especies amenazadas, agrotóxicos muy peligrosos y la venta de petróleo y drogas que financian organizaciones terroristas, de secuestro / asesinato o extorsión violenta, y también (para quienes defendemos los servicios públicos) cuando son usadas para actividades comerciales evadiendo la correspondiente contribución fiscal solidaria mediante impuestos a la Hacienda pública. La privacidad no es defendible éticamente cuando se utiliza para ocultar o esconder violaciones de derechos humanos fundamentales. Porque con ese planteamiento privatista y antinormativo, esa parte de la comunidad hacker en lugar de estar contribuyendo a un mundo mejor, está creando un mundo peor.

 

 

[1] Resulta llamativo como la derecha política está logrando engañar y sumar apoyos de personas pobres a sus reivindicaciones a favor de los intereses de quienes ostentan poder económico, político, religioso y/o militar, siendo paradigmáticos los movimientos sociales recientes mayormente constituidos por personas monetariamente pobres (y por tanto dependientes de los servicios públicos para garantizar la satisfacción de sus necesidades) que están reclamando la supresión de los impuestos que gravan el incremento patrimonial vía donaciones y herencias y otros impuestos sobre el capital / patrimonio económico a pesar de que los umbrales son tan elevados que solo afectan a las grandes fortunas.

 

[2] Hacker es quien hackea, es decir quien disfruta investigando y haciendo cosas de informática. La definición de hacker implica una ética hacker fundamental compartida por la gran mayoría las personas hackers: debe permitirse la investigación informática (siendo la única restricción aceptable no vulnerar los derechos humanos fundamentales, pero no aceptando la imposición de restricciones técnicas, legales o económicas que responden a intereses privados) y la informática debe destinarse al interés público general y promover un mundo mejor (véase informática libre). Quien rompe sistemas de seguridad informática por motivos de lucro económico privado (chantajes, venta de información privada,...) debe denominarse cracker y no hacker. Como suelen hacer las personas que comparten aficiones, intereses o ideas comunes, parte de las personas hackers se organizan a través de redes informáticas en grupos de trabajo formados por personas que comparten ideas comunes acerca de promover algún desarrollo informático (desde una perspectiva técnica, p. ej. crear o mantener algún software) o realizar acciones informáticas con motivación política o ideológica (al respecto de esto, es importante subrayar que dentro del marco de la ética hacker fundamental tienen cabida diferentes posturas políticas o ideológicas que son opuestas y contrarias entre sí, cada cual queriendo imponer su propia versión concreta de ética hacker).